Alto Purús: Bello y Maldito

Es, definitivamente, una de las zonas más aisladas del Perú. La única forma de llegar a sus dominios es por avioneta desde Pucallpa. Este aislamiento le ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Creado en noviembre del 2004, el Parque Nacional Alto Purús es el área protegida más extensa del país. Sin embargo, sus problemas parecen tener la misma dimensión: madereros ilegales asolan comunidades nativas, asesinan a indígenas en aislamiento voluntario, y practican la caza furtiva para mejorar sus ingresos. Incluso deciden quién entra o no a la región, como señala Diego Shoobridge, un ecólogo que se internó varias veces en las entrañas de este Parque Nacional.

Escribe: Diego Shoobridge*


Era una imagen por demás simbólica: el otorongo que era despellejado frente a nuestros horrorizados ojos representaba -de alguna manera- la prodigiosa riqueza natural del Parque Nacional Alto Purús que, a pesar de ser un área de máxima protección, está siendo expoliada por bribones de toda calaña. Se llevaron la piel del jaguar en medio de un reguero de sangre y, recién entonces, nos despercudimos del estado catatónico en que nos encontrábamos. Cada vez son menos los lugares en los que la mano del hombre aún no llega para interferir con el estado original del paisaje, y, cuando lo hace, deja una huella devastadora e irreversible. Me pregunto si el Alto Purús podrá superar los negros nubarrones (que ninguna autoridad parece ver) que se le han puesto al frente.

Paraíso Natural

Creado a través de un proceso participativo, bajo el liderazgo de la Federación de Comunidades Nativas del Purús (FECONAPU), el Parque Nacional Alto Purús, con 2'510,700 hectáreas, se conecta por el sur con el Parque Nacional del Manu, de 1.7 millones de hectáreas; por el este con el Parque Estadual Chandless en Brasil, de 670 mil hectáreas, y con otras reservas de Brasil, formando una larga extensión de territorio, estrictamente protegido en la cuenca amazónica. Esta red de áreas protegidas presenta un bosque tropical que se extiende virtualmente, sin interrupciones, desde más allá de la frontera con Brasil hasta los Andes, unos 300 kilómetros al suroeste, formando el corredor natural más importante en la Amazonía.


La zona presenta una gran diversidad biológica y posee un buen número de paisajes realmente atractivos. El área ha sido identificada como una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Perú. Entre las especies más notables de la fauna, incluye especies en vías de extinción y en situación vulnerable como el lobo de río, el mono maquisapa, el armadillo gigante, el jaguar, el cóndor de la selva, el lagarto negro, la tortuga taricaya, el perro de la selva, la boa, la anaconda, entre otros. La región presenta gran cantidad de ríos, lagos, quebradas, playas, bosques, aguajales; además, toda clase de aves, insectos, reptiles, diversidad de especies vegetales; todos recursos de gran potencial para promover actividades de desarrollo sostenible, como el turismo y la investigación, para el beneficio de todos los peruanos.

Los niveles de extracción de recursos naturales, especialmente a lo largo de las últimas dos décadas, pero con gran incremento en los últimos cinco años, han hecho que casi la totalidad de nuestra selva haya sido afectada negativamente y hoy no tenga la capacidad original de satisfacer las demandas de las poblaciones selváticas y de la sociedad en general. Esto ha hecho que los ojos de los extractores de recursos, especialmente madereros, se vuelvan hacia las áreas protegidas y hacia los territorios de las comunidades nativas. El Purús, uno de los pocos territorios vírgenes de nuestra Amazonía, no se libra de estas tendencias.

Madereros al Acecho

El Purús es una de las pocas áreas donde aún queda madera fina: árboles maduros de caoba, que podrían ser fuente de semilla para la reforestación en otras partes de nuestra selva. La extracción ilegal de árboles de caoba (Swietenia macrophylla) en el Parque Nacional Alto Purús y territorios adyacentes, se da con gran intensidad a pesar de la legislación peruana y de las regulaciones internacionales existentes, tendientes a proteger la caoba, las poblaciones indígenas y las áreas de conservación. Esta extracción maderera ilegal va en detrimento del ecosistema de la región del Alto Purús, de las comunidades indígenas del área, de la biodiversidad y del patrimonio de la nación.

Purús es prácticamente tierra de nadie, mejor dicho, tierra de aquellos que han logrado engranarse en un sistema de explotación sin precedentes. Los madereros han establecido circuitos de transporte exclusivos, sistemas de trabajo injustos y esclavizantes, y relaciones de intercambio desventajosas para las pequeñas comunidades indígenas de la región. Estas comunidades viven en extrema pobreza, sin servicios apropiados de salud, educación, justicia, en total abandono por parte del Estado.

El único recurso natural de las comunidades nativas que les da acceso al dinero, necesario para la adquisición de bienes de consumo que el bosque no les brinda (ropa, sal, azúcar, cocina, cuadernos, medicinas, entre otros), es la extracción de madera de sus territorios comunales, es decir, madera de su propiedad. Bajo este principio, y con una cada vez mayor penetración del mercado, las comunidades nativas, al no tener otras alternativas de ingreso, se ven forzadas a entrar en contacto con madereros provenientes de Pucallpa, que están en la zona en cada vez mayor número.

Migajas por la Caoba

Los madereros llegan a las comunidades ofreciendo pagos adelantados en forma de bienes de consumo, a cambio de la madera. Debido a que los líderes comunales no tienen capacidad de realizar gestión alguna, los madereros, después de hacerlos firmar una serie de papeles, consiguen los permisos forestales a nombre de las comunidades. Los costos de los permisos son inflados a precios exorbitantes; de esta manera, las comunidades inician su relación endeudadas con los madereros, sin haber cortado aún un solo árbol.

Las comunidades llegan a acuerdos con los madereros para la extracción de cierto número de árboles de caoba dentro de su territorio, en un periodo determinado. Sin embargo, una vez que se instalan los campamentos, los madereros no se retiran de las comunidades hasta que todos los árboles de caoba hayan sido cortados, haciendo continuamente nuevos arreglos con los líderes de las comunidades para extraer más árboles. Una vez que los madereros se instalan en la selva, éstos trabajan donde sea que encuentren árboles de caoba, al margen de los permisos y los límites comunales. Los madereros utilizan los permisos existentes para hacer pasar madera extraída de comunidades que no la poseen. Una vez dentro, los madereros no acatan los planes de manejo forestal -si es que existen- así como tampoco los límites entre comunidades, ni cualquier otra norma o regulación.

Los acuerdos con los nativos se basan en el intercambio de árboles de caoba por la entrega de comida y otros materiales. Los madereros inflan el precio de los bienes entregados. Los miembros de las comunidades reciben estos bienes antes del inicio de cada operación, perpetuando su deuda conforme avanza la misma. El corte de árboles y la extracción se lleva a cabo hasta que las comunidades hayan pagado la totalidad de la deuda a los precios establecidos por los madereros. Por ejemplo, un motor peque-peque de 10 caballos de fuerza, que cuesta alrededor de 1500 nuevos soles (artefacto prácticamente imposible de adquirir por los nativos), es intercambiado por 8 ó 10 árboles de caoba, cuyo precio es cien veces mayor que el valor del motor.

Vuelos Controlados

Los precios que los madereros pagan a las comunidades por la madera que extraen son una fracción del precio del mercado. Los madereros ofrecen entre 20 y 80 centavos por pie tablar de caoba en las comunidades, cuando el precio real de cada pie tablar de caoba es de 12 nuevos soles en Lima y 18 nuevos soles para exportación. A fin de cuentas, las comunidades reciben entre 100 y 200 soles por un árbol de caoba maduro, cuyo valor es de varios miles de dólares en el mercado internacional. Este sistema de explotación esclavista ha llegado a tal extremo, que hay comunidades con deudas de tal magnitud que se calcula que los madereros permanecerán en las mismas hasta más allá del año 2010.

El único acceso directo al Alto Purús es por vía aérea hasta Puerto Esperanza, un pequeño centro poblado con aproximadamente 600 pobladores, y capital de la provincia de Purús. Puerto Esperanza cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada, que es utilizada por aviones de pequeño y mediano tamaño provenientes de la ciudad de Pucallpa, ubicada aproximadamente a 400 kilómetros de distancia. Ello implica que la única forma en que puede salir la madera de la zona hacia Pucallpa es por aire. Cuán lucrativo debe ser el negocio, que los madereros se dan el lujo de sacar la madera por avión.

Al no haber un servicio aéreo comercial, todos los vuelos son alquilados, la mayoría por madereros, quienes monopolizan el viaje hacia y desde la región, y utilizan estos aviones para transportar bienes de primera necesidad a la zona y sacar la caoba hacia Pucallpa. Los aviones de mayor capacidad utilizados para sacar mayores volúmenes de madera son alquilados a las fuerzas armadas: aviones que deberían estar haciendo vuelos de apoyo cívico en beneficio de la población están siendo utilizados para el transporte de madera.

Los Leprosos

De esta manera, los madereros manejan todo el movimiento en la región, a través del único puente existente entre Puerto Esperanza y el resto del país. Son prácticamente dueños de la provincia, mueven los bienes de consumo, la gasolina, los materiales de construcción, absolutamente todo. A tal punto llega el abuso, que los madereros deciden quiénes suben y quiénes no suben a los aviones que alquilan. Ha habido una serie de quejas y denuncias en contra de esta situación, pero los madereros están cada vez más fortalecidos, intocables y desafiantes. La población local está convencida de que esta situación se mantiene gracias a una sólida cadena de complicidad, y se pregunta hasta qué niveles llegará la misma, debido a que no se puede mejorar la situación en base a la justicia y la ley.

Todas las personas de la provincia de Purús dependen de los madereros para viajar, ya sea para hacer trámites en Pucallpa, en caso de emergencia de salud, o simplemente para regresar a la ciudad. Aquellos que de una u otra manera se atreven a quejarse o levantar la voz de protesta ante los abusos de los madereros, simplemente no viajan; se quedan aislados en Puerto Esperanza por semanas y meses. Tal es el caso de un grupo de autoridades como el subprefecto Luis Lima o el consejero regional Sidney Hoyle y otras 15 personas, que simplemente no tienen facilidad de movilizarse. Cuando estas personas quieren salir de la zona, se ven forzadas a colectar otros pasajeros que desean viajar, hasta completar los cupos de una avioneta y poder cubrir los costos de su alquiler. Al notar esto, los madereros meten su avión alquilado y se llevan a los pasajeros, asegurándose que los indeseables (llamados localmente "leprosos") no puedan viajar. Inclusive controlan las encomiendas y paquetes; éstos simplemente nunca llegan si los destinatarios no son personas de su agrado. Debido a estos mecanismos de coerción, muchos funcionarios públicos destacados en la provincia, se hacen de la vista gorda ante las maniobras de los madereros, por temor a convertirse en "leprosos" y quedar aislados indefinidamente.

Esta situación desesperante ha hecho que algunos piensen en la posibilidad de construir una carretera que una Iñapari con Puerto Esperanza. ¡Nada más absurdo! Una carretera significará la destrucción del Purús: llegarán miles de madereros, agricultores migratorios andinos e invasores que avasallarán los recursos naturales. Brasil no ve con buenos ojos la construcción de una carretera adyacente a sus áreas naturales protegidas y reservas, pues reconocen el peligro de la extracción ilegal de madera en su territorio y temen la presencia del narcotráfico. Se repetirá la historia de destrucción ya vista en otras partes de nuestra amazonía: una carretera que no traerá beneficios, sólo depredación y explotación de los más pobres.

Sueños de Otorongo

Hay otro grupo de madereros que está operando ilegalmente y extrae madera del lado oeste del Parque Nacional Alto Purús, por el río Sepahua y el Río Inuya. Una explotación sin control ni respeto por las normas y regulaciones. Las actividades madereras en esta zona están afectando a las poblaciones de no contactados que se mueven por ese lugar. Se ha podido documentar varios casos de encuentros violentos entre estos madereros y nativos aislados, los cuales llevan la peor parte, pues son atacados con escopetas y asesinados sin piedad.

El comercio de madera ilegal viola la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), de la cual el Perú es signatario. CITES incluye a la caoba en la lista de especies amenazadas. A pesar de esto, el gobierno peruano continúa facilitando la exportación de caoba al emitir permisos para la especie, en obvia contradicción a este acuerdo internacional.

La industria maderera se mueve bajo la poderosa demanda de caoba por parte de los países industrializados. Mientras la dotación de caoba disminuye en otras partes de la Amazonía, la presión de los madereros sobre el Alto Purús y otras áreas protegidas aumentará. Bajo estas condiciones, el futuro del Alto Purús y de sus pobladores locales es muy sombrío. Esta situación pide a gritos una eficiente intervención de las autoridades nacionales para ordenar la actividad maderera, detener la explotación y abuso sobre los pobladores nativos, y sancionar a los responsables. El Estado debe garantizar la conservación de los territorios designados para tal fin, la protección de los recursos naturales que contienen, y la defensa de los pobladores de la zona.

Si no, como el otorongo despellejado, sólo quedará una mancha de sangre como recuerdo de este bello rincón de nuestra Amazonía.

*Diego Shoobridge es un reconocido medio-ambientalista; su trabajo puede apreciarse en www.parkswatch.org